En España, los detectives privados están regulados estrictamente por el Ministerio del Interior y deben contar con una licencia oficial para operar. Solo pueden investigar hechos privados solicitados por personas físicas o jurídicas y no pueden intervenir en investigaciones públicas (como delitos o actividades policiales).

En otros países europeos, como Reino Unido o Alemania, la regulación puede ser más flexible, permitiendo mayor intervención en casos penales o acceso a bases de datos públicas. Además, las restricciones sobre la privacidad y el tipo de pruebas que pueden recabar varían significativamente entre países europeos.